Legisladores de Pensilvania proponen prohibición de criptomonedas para funcionarios públicos

Los legisladores de Pensilvania han presentado un movimiento de gran alcance con el Proyecto de Ley 1812, que propone una prohibición de criptomonedas para los funcionarios públicos y sus familiares directos. La iniciativa impediría a los funcionarios poseer, negociar o promover activos digitales mientras estén en el cargo, e incluso se extendería un año después de que finalice su mandato. Está planteada como una reforma ética, con el objetivo de evitar conflictos de interés en un entorno donde las tenencias en cripto pueden crecer rápidamente e influir en las decisiones.

Amplia gama de activos digitales incluidos en la prohibición

El proyecto de ley abarca una amplia gama de activos digitales: desde Bitcoin y otras criptomonedas principales hasta stablecoins, NFT y productos financieros vinculados a cripto como ETF o derivados. Cualquier tenencia superior a 1.000 dólares tendría que ser declarada. La desinversión sería obligatoria en un plazo de 90 días. Las violaciones conllevan sanciones graves: multas de hasta 50.000 dólares y posibles cargos por delito grave con hasta cinco años de prisión. La intención es dar verdadero peso a la prohibición, y no limitarse a una medida simbólica.

El patrocinador del proyecto vincula preocupaciones éticas a nivel federal

El representante Ben Waxman, patrocinador del proyecto, lo relaciona directamente con preocupaciones a nivel federal. Señala los negocios cripto del expresidente Trump como ejemplo de cómo un cargo público podría explotarse para beneficio personal. El HB1812 cuenta con ocho copatrocinadores demócratas y actualmente se encuentra en el Comité de Gobierno Estatal. Aunque aún está en una fase inicial, ya refleja un debate más amplio a nivel nacional. Este año se han presentado proyectos similares en el Congreso, todos centrados en los conflictos de interés relacionados con activos digitales entre políticos.

Una prohibición que requiere definiciones precisas

Los defensores lo consideran una reforma ética esencial para restaurar la confianza pública y proteger la política estatal de influencias privadas del sector cripto. Los críticos, tanto entre las filas republicanas como en parte de la industria, advierten de los riesgos. Una prohibición estricta podría frenar la innovación o hacer que los funcionarios se muestren reacios a relacionarse con nuevas tecnologías. Tampoco será fácil de aplicar: supervisar el cumplimiento es complejo cuando las transacciones son seudónimas y descentralizadas. El proyecto necesitará definiciones precisas de términos como “familiares directos” y “productos financieros relacionados” para evitar vacíos legales.

HB1812 podría marcar la pauta en cómo los estados regulan las criptomonedas

El HB1812 contrasta de forma marcada con las recientes iniciativas pro-cripto de Pensilvania. La Ley de Autorización de Activos Digitales del año pasado protegió el derecho de los residentes a la autocustodia y al uso de Bitcoin para pagos, mientras que la Ley 7 de 2025 sometió a los transmisores de moneda virtual a estándares estatales de licencia. El estado combina así el fomento de la innovación cripto con una supervisión estricta para los funcionarios públicos, un equilibrio que podría sentar precedente para otros.

Si se aprueba, Pensilvania se convertiría en pionera en utilizar legislación para establecer límites claros entre el servicio público y las inversiones en activos digitales. La apuesta es alta, especialmente con el escrutinio sobre los negocios cripto de la administración Trump, que habrían generado al menos 350 millones de dólares. Los siguientes pasos incluyen la revisión en comité, la votación en el pleno de la Cámara, el Senado y, finalmente, la firma del gobernador Josh Shapiro. El proyecto es a la vez una prueba de supervisión ética y un indicador de hasta qué punto los responsables políticos estatales se toman en serio los activos digitales en la función pública. Es uno de esos momentos en los que la regulación choca con la velocidad del mundo cripto. El enfoque de Pensilvania podría anticipar cómo otros estados afrontarán pronto conflictos similares.