Trump impone un tope del 10% a la “esclavitud de la deuda fiat”

El presidente Donald Trump amenazó a las compañías de tarjetas de crédito con emprender acciones legales severas si no reducen los tipos de interés al 10% antes del 20 de enero de 2026. En un breve video, Trump acusó a los principales emisores de aprovecharse de los consumidores con APR extremadamente elevados, de hasta casi el 30%. Presentó la medida como una iniciativa de protección al consumidor y dejó claro que planea imponer algún tipo de cumplimiento.

Un mensaje populista contra bancos y emisores

La retórica de Trump se inclina hacia un tono populista, retratando a los bancos y a las redes de tarjetas de crédito como entidades que victimizan a los estadounidenses comunes. Subrayó que el problema de fondo de los altos tipos de interés es que atrapan a los hogares en deudas de largo plazo y que la medida pondría fin a lo que calificó como prácticas financieras injustas. Sus declaraciones llegan en un momento de creciente malestar público por el coste del crédito y la baja capacidad adquisitiva.

Crece la resistencia en la banca

Las grandes instituciones financieras se han opuesto a la propuesta, al afirmar que un límite estricto a los tipos de interés reduciría el ya limitado acceso al crédito. Los emisores sostienen que los prestatarios de mayor riesgo podrían quedar excluidos o enfrentar comisiones más altas en otros conceptos. Los críticos también señalan que Trump no explicó cómo se implementaría el mecanismo legal ni la estructura de supervisión para hacer cumplir el tope propuesto.

La importancia del momento para los consumidores

El anuncio llega cuando la deuda de tarjetas de crédito en Estados Unidos se sitúa en niveles récord y el APR promedio supera el 20%. Aunque un límite temporal solo ofrecería un alivio a corto plazo, millones de hogares con saldos revolventes se verían beneficiados al menos parcialmente. Independientemente de que la propuesta se convierta en ley o quede como presión política, ya ha reavivado el debate sobre las leyes contra la usura, la protección al consumidor y el futuro de la fijación de precios del crédito en Estados Unidos.