Los legisladores demócratas buscan prohibir que los políticos posean criptomonedas

Una nueva ola de reformas avanza en Washington, donde los legisladores impulsan una prohibición para evitar que los funcionarios electos posean o negocien criptoactivos. Crece la preocupación sobre cómo las inversiones en criptomonedas podrían influir en las decisiones de política pública. Se trata de una reforma ambiciosa que pretende replantear la transparencia y la confianza ciudadana en el servicio público.

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🇺🇸 Democratic lawmakers are pushing to ban politicians from owning crypto. pic.twitter.com/zDoRbjaL6R

— Coinvo (@ByCoinvo) October 28, 2025

Una reforma centrada en la ética y los conflictos de interés

La iniciativa se basa en la idea de que las inversiones personales en criptomonedas pueden entrar en conflicto con los deberes de los funcionarios electos, generando posibles conflictos de interés y dudas sobre su integridad ética. Para muchos en el Congreso, no se trata solo de una regulación tecnológica ni de un cambio en la política sobre activos digitales.

Por qué gana fuerza la propuesta de prohibir las criptomonedas a los políticos

La atención reciente sobre los vínculos entre criptomonedas y corrupción ha intensificado las demandas de normas más estrictas. En este contexto, el congresista Ro Khanna presentó un proyecto de ley que prohibiría a los miembros del Congreso, al presidente, al vicepresidente y a sus familiares poseer, negociar o crear criptomonedas.

Khanna subrayó que cuando los legisladores poseen grandes cantidades de criptoactivos, corren el riesgo de tomar decisiones políticas orientadas a su beneficio personal y no al bien público. “Esto no es un asunto tecnológico. Es un asunto de corrupción”, declaró a MSNBC.

En esencia, la propuesta busca establecer una separación clara entre el servicio público y el interés privado dentro de la política sobre activos digitales en Estados Unidos.

Por qué la tenencia de criptomonedas por funcionarios públicos se considera más riesgosa que las acciones

A diferencia de las acciones, las criptomonedas ofrecen mayor anonimato, facilidad para transferencias transfronterizas y un marco regulatorio aún en evolución. Esa complejidad eleva los riesgos éticos y de transparencia.

Cuando un funcionario público posee criptomonedas, las normas aplicables a las acciones —como las obligaciones de divulgación o las leyes contra el uso de información privilegiada— pueden no aplicarse, o hacerlo con menor eficacia. Esto alimenta el debate sobre la ética política y la necesidad de establecer nuevas reglas para los activos digitales.

El valor de una criptomoneda puede dispararse tras un anuncio de política pública o un cambio regulatorio. Los funcionarios que poseen estos activos podrían, de forma intencional o no, adaptar su discurso o sus acciones para beneficiarse económicamente. Este escenario refuerza la urgencia de la propuesta de prohibición.

Reflexión final

El impulso por prohibir que los políticos posean criptomonedas refleja un debate más profundo: la intersección entre finanzas, tecnología y función pública exige nuevas normas. Los legisladores que promueven el proyecto sostienen que, cuando los activos digitales se mezclan con cargos electos, la rendición de cuentas y la confianza ciudadana se ven comprometidas.

A medida que la propuesta avance, quedará por ver si el Congreso logra diseñar una política sobre activos digitales que preserve la integridad pública sin frenar la innovación. El resultado podría redefinir los límites de las finanzas públicas en la era cripto.