Ejecutivos de Cred condenados por fraude de 150 millones de dólares

Daniel Schatt, cofundador y ex CEO de Cred, fue condenado a 52 meses de prisión federal. Su ex director financiero, Joseph Podulka, también recibió una condena de 36 meses de cárcel. Ambos deberán pagar además una multa de 25.000 dólares tras haberse declarado culpables en mayo de 2025 de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico.

Antecedentes de Cred LLC y desarrollo del fraude

En mayo de 2024, Schatt fue acusado formalmente por un gran jurado federal, y los fiscales estadounidenses continuaron con el caso. Schatt y Podulka se declararon culpables de haber defraudado a clientes y de haber malversado activos entre abril y octubre de 2020. El 30 de agosto de 2025, el juez federal William Alsup dictó sentencia y lo dejó claro: se trató de una actividad fraudulenta continuada que no puede tolerarse en una industria financiera emergente. Aproximadamente 440.000 usuarios resultaron afectados por el fraude, con pérdidas iniciales que ascendieron a 150 millones de dólares. Se trata por tanto de uno de los mayores casos contra altos ejecutivos del sector cripto.

Impacto en los inversores y en el mercado de criptomonedas

El caso ha reabierto el debate sobre la fiabilidad de las plataformas cripto centralizadas y ha sido comparado con los colapsos de empresas como Celsius y Voyager. Con el aumento de los precios de las criptomonedas desde 2020, el valor real de los activos perdidos podría superar actualmente los 1.000 millones de dólares.

La sentencia hace referencia a la creciente atención regulatoria sobre la industria cripto y, en particular, sobre las empresas de préstamos centralizados. Según analistas del sector, este tipo de escándalos impulsará a los inversores hacia protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi), donde la transparencia está garantizada por defecto.

Implicaciones regulatorias y para la industria

El Gobierno probablemente introduzca políticas más estrictas y mayores controles de cumplimiento. Se prevén auditorías financieras obligatorias y un aumento de las obligaciones de información. Las autoridades tomarán medidas firmes para reforzar la seguridad y proteger a los inversores. Además, se sostiene que esta decisión servirá como precedente: queda claro que cualquier ejecutivo que cometa actos fraudulentos afrontará duras penas de prisión y cuantiosas sanciones económicas.